Suministro de Agua:Tasa o Tarifa

¿Qué es una tarifa?

En nuestro ordenamiento jurídico no podemos encontrar una definición explícita y concreta de tarifa, pero con el estudio de la doctrina y algunas referencias en el Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales o en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se puede entender que en este supuesto, la tarifa se refiere a una forma de precio público establecida por tramos o con ciertos mecanismos de regulación.

Por tanto…

¿Qué es un precio público?

Como se encuentra recogido en el artículo 24 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos:

“Tendrán la consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.”

Con la lectura de este artículo, no se puede dudar de que la contraprestación por el suministro de agua domiciliaria está bastante alejada de configurarse jurídicamente como precio público o tarifa (de precio), por no ser un servicio de solicitud voluntaria.

Sin embargo, en la práctica varios municipios, como es el caso de Madrid, han aplicado tarifas ilegales (de precios) a este servicio esencial durante bastante tiempo, siendo denunciadas ante los tribunales reclamando su naturaleza jurídica real de tasa, para que, finalmente la solución que se haya tomado haya sido dar una cobertura legal a dicha situación, y legalizar estas tarifas ilegales, mediante la introducción de un último párrafo al artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

“6. Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este artículo, realizada de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la Constitución.”

Es decir, ahora puede elegir cada municipio, con total libertad, si establecer una tasa o una tarifa (de precio), en función de si eligen gestionarlo por una entidad privada o de forma indirecta, o gestionarlo por el propio ayuntamiento, sin tener en cuenta en ningún momento cuál es la naturaleza jurídica real de la contraprestación por el suministro de agua domiciliaria.

Pero realmente, ¿cómo nos afecta a nosotros esta libre elección de los ayuntamientos?

En el ámbito de aprobación, en el régimen jurídico de la tasa se requiere una reserva de ley, carente en el ámbito de la tarifa (de precio), que su única regulación es pasar por la aprobación de la comisión de precios correspondiente.

En su ámbito funcional, el régimen legislativo que se aplica a la tasa regula sus elementos esenciales, unos criterios de cuantificación, requiere de una memoria económico-financiera, sujeto a presupuestos públicos, y exigible vía de apremio. Mientras que el régimen jurídico de la tarifa huye de estas exigencias fijando una relación totalmente contractual con los usuarios, sujetos a la jurisdicción civil, y con posibilidad, por tanto, de que exista el corte de suministro por impago. Dejando totalmente desprotegidos a los usuarios.

Asimismo, respecto a la cuantía, debemos tener en cuenta dos puntos:

En primer lugar, la tasa que se pueda establecer el suministro de agua domiciliaria siempre será como máximo igual al coste del servicio, sin embargo, en el ámbito de los precios públicos, será como mínimo ese coste del servicio.  Lo que conlleva, como se irá viendo una subida en la factura del agua cada vez mayor.

Y, en segundo lugar, el régimen tributario da cierta protección a los usuarios teniendo en cuanto a su capacidad económica, como principio constitucional de justicia tributaria (artículo 31 CE). Mientras que, en el régimen tarifario, prima más un principio de equivalencia, y las únicas bonificaciones o exenciones son frente al consumo, que no siempre mide esa capacidad económica.

Está claro que una gestión jurídico-privada del suministro de agua, supone cierta contradicción con un régimen tributario, pues entraríamos ante una relación contractual, y una forma de gestión indirecta tiene ciertas limitaciones por la concurrencia de un beneficio o de darse “en régimen de derecho privado”.  

Pero es sorprendente que el camino que haya tomado el legislador sea legalizar estas tarifas municipales (de precio) , permitiendo a los ayuntamientos una huida del derecho tributario, y por tanto una menor protección jurídica a los usuarios.

No olvidemos la implicación que tiene esta huida del derecho tributario en lo usuarios, pues está reconocida la superioridad de las tasas respecto a los precios o tarifas, en cuanto a las garantías legales, como el principio de capacidad económica, el aviso del pago de la factura, la quiebra del principio de corte por imago, o la exclusión de la vía civil.